El 30/5 pasado el titular de la Fiscalía Federal de Goya, Mariano Enrique de Guzmán, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, solicitaron la elevación a juicio oral.
Este jueves 05/06 la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, formalizó la decisión de elevar a juicio oral a los acusados y detenidos Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Adrián Maciel, quienes enfrentarán cargos por la sustracción y ocultamiento del menor, en los términos del artículo 146 del Código Penal de la Nación.
La resolución, firmada por la jueza Pozzer Penzo, se produce tras una investigación del Ministerio Público, la PROTEX y la querella particular representada por los padres de Loan Peña; con un expediente principal que acumula más de 90 cuerpos y decenas de legajos conexos.
La acusación y los hechos
Según el requerimiento fiscal, los siete imputados “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan Danilo Peña”.
El 13 de junio pasado, el niño asistió junto a su padre a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, en el Paraje Algarrobal. De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, Loan fue apartado de la custodia de su padre y, desde entonces, permanece desaparecido.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que Caillava, Pérez, Ramírez, Millapi, Benítez, Laudelina Peña y el comisario Maciel “tomaron intervención en la sustracción del menor… Para luego ocultarlo hasta el día de hoy”.
La acusación detalla que, tras la desaparición, se montó un escenario para simular la pérdida del niño, incluyendo la plantación de un botín en un lodazal y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo.
El comisario Maciel es señalado como quien, “valiéndose de su cargo, montó un falso escenario de búsqueda e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.
La causa reúne una gran cantidad de pruebas, entre ellas testimonios, pericias forenses, análisis de comunicaciones telefónicas, informes de rastrillajes terrestres y aéreos, y pericias sobre vehículos. Los fiscales enumeraron más de 300 medidas probatorias, incluyendo la activación de la Alerta Sofía, la intervención de fuerzas federales y provinciales, y la realización de pericias odorológicas y de Luminol en los vehículos de los imputados.
En el análisis de la prueba, el tribunal destacó que “la zona cero de la desaparición y sus adyacencias, fueron rrastrilladas,agotando todos los recursos posibles”, sin que se hallaran rastros fehacientes del niño fuera del área del naranjal. Los perros de rastreo no lograron seguir una trayectoria definida y los testimonios de familiares y vecinos coincidieron en que no era posible que el niño se hubiese perdido sin ser visto o escuchado.
El expediente también documenta contradicciones en los descargos de los imputados y destaca la existencia de comunicaciones y movimientos que, según la acusación, no se corresponden con una búsqueda genuina del menor.
En relación con la plantación del botín, los fiscales señalaron que “Laudelina Peña colocó la zapatilla donde posteriormente fue encontrada o bien sabía dónde estaba porque alguien más la puso allí -posiblemente Benítez- y le indicó el lugar”.
Delitos imputados y situación de los detenidos
Las defensas de Laudelina Peña, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez habían planteado la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y solicitaron el sobreseimiento de sus asistidos, argumentando falta de individualización de las conductas, insuficiencia probatoria y violaciones a las garantías procesales.
La jueza rechazó estos planteos, señalando que “el requerimiento de elevación a juicio cumple con las exigencias previstas. La defensa ha podido conocer el hecho y ejercer cabalmente las funciones propias de su ministerio”.
La jueza dispuso la elevación a juicio de los siete imputados bajo la calificación de coautores materiales penalmente responsables del delito de sustracción de un menor de diez años, con excepción de Walter Adrián Maciel, a quien se le atribuye el mismo delito en calidad de partícipe necesario.
El artículo 146 del Código Penal prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión para quien “sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviese u ocultare”.
En la actualidad, todos los imputados permanecen detenidos en distintas unidades del Servicio Penitenciario Federal, salvo Millapi, quien cumple arresto domiciliario en la provincia de Neuquén.
En la resolución, la jueza destaca: “El análisis integral del material probatorio reunido hasta el momento permite afirmar que Bernardino Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Adrián Maciel intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan Danilo Peña”.
