El bloque opositor en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes -integrado por Julio Ledesma (PJ), Gisela Lezcano (Frente Renovador), Gabriel Romero (Libres del Sur), Diego Fernández (PJ) y Mercedes Franco (PJ)- presentó este jueves 02/07 un despacho de minoría en rechazo al proyecto del oficialismo que modificó la Unidad de Multa, la vincula al precio de la nafta y aumentó un 364% el costo de las sanciones municipales.
La propuesta alternativa de la oposición planteó actualizar ese valor de la unidad mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, al considerar que constituye un parámetro más razonable y proporcional para preservar el carácter preventivo de las sanciones.
Los ediles opositores rechazaron el mecanismo elegido por el oficialismo porque -según los datos presentados en el recinto- la Unidad de Multa vigente de $600 habría pasado a $978 utilizando el IPC acumulado desde septiembre de 2024.
Mientras que la ordenanza aprobada por la mayoría oficialista pasó la Unidad de Multa de $600 a $2.189. A valores actuales, representa un incremento del 364% y continuará subiendo automáticamente cada vez que suba el precio del combustible.
La concejal Gisela Lezcano expresó su preocupación por “la enorme cantidad de personas que van a verse alcanzadas por el nuevo esquema de multas”, especialmente en materia de tránsito, ambiente y disposición de residuos, mascotas y otras faltas de convivencia urbana.
Señaló además que muchas de esas infracciones “también son consecuencia de la falta de organización del municipio” y advirtió sobre el impacto económico que tendrá la medida sobre vecinos y trabajadores.
El concejal Julio Ledesma calificó el aumento como “absolutamente desproporcionado” para el contexto económico actual. Indicó que la decisión significará “otro golpe al bolsillo del trabajador y de la gran cantidad de familias que dejaron de usar el colectivo y se volcaron a la moto para reducir gastos”.
Lezcano cuestionó el tratamiento legislativo exprés del oficialismo: “Actuaron con demasiada rapidez. Faltó analizar alternativas menos gravosas para el vecino y la experiencia de otras ciudades”, afirmó. “Todo eso no puede resolverse en una sola reunión de comisión. Da la impresión de que la verdadera intención del Ejecutivo es aumentar la recaudación”, denunció.
COMPARACIÓN CON OTRAS CIUDADES
El despacho de minoría incorporó un análisis comparado de ordenanzas vigentes en otras ciudades como Posadas, Rosario, Resistencia y el proyecto de San Miguel de Tucumán utilizan mecanismos de actualización acompañados por límites o parámetros de moderación.
Posadas, por ejemplo, también toma como referencia el precio de la nafta, pero establece un techo máximo de 2.000 unidades fiscales; Rosario limita la cantidad de unidades por infracción; Resistencia reserva la nafta para determinadas faltas de edificación y utiliza el Salario Mínimo Vital y Móvil para las multas ordinarias.
En Corrientes, el oficialismo aprobó el mecanismo más gravoso porque no incorporó ninguno de esos resguardos.
IMPACTO SOBRE LAS INFRACCIONES
Los concejales advirtieron que el mayor efecto recaerá sobre infracciones frecuentes cometidas por vecinos comunes y no exclusivamente por grandes contribuyentes.
Entre ellas mencionaron las sanciones por doble fila, estacionamiento indebido, arrojar residuos desde vehículos, sacar residuos fuera del horario permitido, incumplimientos vinculados al ambiente, tránsito y convivencia urbana.
Con la actualización por IPC esas multas aumentaban en línea con la inflación; con el esquema aprobado, muchas de ellas más que duplican ese valor y continuarán incrementándose automáticamente cada vez que aumente el precio del combustible.
CUMPLIR UNA FUNCIÓN PREVENTIVA Y EDUCATIVA
“Las multas deben cumplir una función preventiva y educativa. Actualizarlas no puede convertirse en una herramienta de mayor presión económica sobre las familias”, señalaron los ediles.
Julio Ledesma (PJ), Gisela Lezcano (Frente Renovador), Gabriel Romero (Libres del Sur), Diego Fernández (PJ) y Mercedes Franco (PJ) lamentaron que la mayoría oficialista rechazara el despacho de minoría sin incorporar modificaciones ni considerar alternativas técnicas proporcionales, razonables y compatibles con la realidad económica de los vecinos presentadas durante el debate.
