La reciente propuesta del presidente Javier Milei busca privatizar el acceso al agua a través de un contrato de 30 años. Esta decisión se fundamenta en la creencia de que el modelo de privatización de los años 90, que se tradujo en un deterioro de la calidad del servicio y un aumento en las tarifas, puede ser reversionado. La medida se implementará en todo el país, generando preocupación y debate en varios sectores de la población.
Desde la crisis que experimentó la privatización en la década del 90, donde las inversiones cayeron drásticamente, los servicios esenciales sufrieron una notable reducción en calidad. Ahora, con la propuesta actual, se plantea un cambio de paradigma: el agua, un recurso vital, se considera un bien de mercado. Esta transición trae consigo implicaciones sobre la soberanía nacional y los derechos de acceso al agua.
Los críticos advierten sobre los riesgos de implementar un modelo que ya demostró su ineficacia. Los sectores más vulnerables podrían ser los más afectados, ya que el acceso al agua se podría transformar en un privilegio y no en un derecho. A medida que se discute este proyecto, se hace evidente que se necesitan alternativas sostenibles que preserven el acceso a un recurso tan esencial.
