La justicia argentina ha ordenado al secretario de Derechos Humanos, Horacio Adorni, que asegure el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta acción surge tras la preocupación manifestada por Abuelas de Plaza de Mayo, quienes advirtieron que el presupuesto limitado podría interrumpir la búsqueda de bebés que fueron apropiados durante la dictadura militar. La intervención de fiscales especializados en crímenes de lesa humanidad subraya la gravedad del asunto.
El Banco Nacional de Datos Genéticos es una herramienta fundamental que permite la identificación de hijos de desaparecidos. Su operatividad es crucial para continuar con el proceso de restitución de identidad a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. Sin un financiamiento adecuado, la eficacia de este banco se vería comprometida.
El llamado de atención sobre la situación del banco refuerza la necesidad de un compromiso estatal continuo en la defensa de los derechos humanos. La búsqueda de justicia y verdad no puede detenerse, y la administración pública tiene la responsabilidad de garantizar los recursos necesarios. Con esta orden judicial, se da un paso hacia la protección de los derechos de quienes aún esperan respuestas sobre sus historias.
