Los diputados provinciales César Lezcano, Sara Aparicio y Adriana Vidal Dominguez presentaron un proyecto de ley para crear un programa provincial para el “desendeudamiento” para trabajadores y familias correntinas. Una alternativa de solución al problema financiero crítico que atraviesan las familias correntinas.
En Corrientes hay más de una persona con deuda por cada casa habitada (deudores únicos / viviendas habitadas: 107,7%) y más de un tercio del total de hogares no puede cumplir con sus obligaciones (deudores en mora / viviendas habitadas: 32,7%).
Casi el 40% de la población de Corrientes está endeudado (437.777 deudores únicos) y más del 11% de la población correntina tiene mora con sus pasivos (132.850 deudores en mora).
Con el 19,38% de sus deudores con mora, Corrientes está entre las provincias con peor desempeño crediticio: 2da del NEA con mayor incumplimiento de sus deudores y 9na en el ranking nacional de morosidad (BCRA Junio/2026).
Ante este panorama desalentador, César Lezcano, Sara Aparicio y Adriana Vidal Dominguez propusieron el proyecto de ley de “protección y desendeudamiento” para trabajadores, trabajadoras y familias correntinas.
Plantean que el Banco de Corrientes, principal instrumento financiero estatal, transforme las múltiples deudas (tarjetas, préstamos y créditos de consumo) en obligación consolidada con menor costo financiero, plazos más largos y cuotas compatible con los ingresos de cada hogar.
El Proyecto de Ley busca un “alivio del sobreendeudamiento” de los hogares correntinos que actualmente tengan una “afectación de 40% o más de los ingresos mensuales netos” destinados a compromisos financieros.
Los Diputados Lezcano, Aparicio y Vidal no proponen condonar, sino “reestructurar las deudas para que puedan ser pagadas sin que las familias queden sin ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas del hogar”, explicaron.
Beneficiados, prioridades y plazos
La iniciativa busca beneficiar a trabajadores públicos y privados, jubilados y pensionados, monotributistas, autónomos, comerciantes, emprendedores, trabajadores independientes y toda persona con acreditación de ingresos en la entidad bancaria.
Para quienes no estén bancarizados, pero tengan deudas con billeteras virtuales y casas de préstamos; se prevé mecanismos de inclusión financiera para que sean alcanzados por el programa provincial de desendeudamiento.
También fija una escala de “prioridades” para sectores vulnerables: Hogares monoparentales, Mujeres que sean principal sostén económico del hogar, Familias con niños y adolescentes escolarizados, con personas mayores y personas con discapacidad a cargo; Jubilados y pensionados, Inquilinos, Trabajadores estatales provinciales, municipales y de menores ingresos; Pequeños productores y emprendedores; Familias endeudadas por alimentación, medicamentos, salud, educación, alquiler o servicios esenciales.
Lezcano, Aparicio y Vidal proponen que, tras la consolidación de deudas, los trabajadores, jefas de hogar y familias puedan saldar esa refinanciación en plazos de “36, 48 y 60 meses” bajando la carga mensual de las familias y adecuar las cuotas a sus capacidades de pago.
Incluyen el concepto de “Cuota Familiar Protegida” para que la cuota de los pasivos refinanciados “no debe comprometer los ingresos para cubrir alimentación, vivienda-alquiler, servicios básicos, salud, educación y otras necesidades básicas.
