Corrientes: proponen compensaciones y convivencia segura por ataques de felinos protegidos al ganado

Ante los recientes casos de avistamientos de fauna silvestre protegida en zonas productivas, frente a denuncias de ataques de yaguareté a ganado y animales de granja, y frente a la ausencia de un protocolo vigente de actuación y resarcimiento para estos casos, el diputado provincial César Lezcano presentó un proyecto de ley que crea un sistema permanente para gestionar las interacciones entre grandes felinos silvestres autóctonos (inicialmente yaguareté y puma) y las comunidades rurales.

La iniciativa combina prevención, respuesta territorial, asistencia técnica, seguridad y compensación económica por daños directos comprobados, lo que constituye un régimen innovador que integra la conservación de fauna protegida, la seguridad de las comunidades rurales y la continuidad segura de las actividades productivas.

El proyecto de ley prevé compensar la muerte de animales, lesiones, gastos veterinarios razonables, sacrificios sanitarios y otros daños verificables, con un plazo de efectivización de 30 días corridos desde el dictamen favorable.

En paralelo, propone financiar medidas de prevención como corrales nocturnos, cercos eléctricos, electrificación solar, dispositivos de alerta y cámaras.

Además, prevé capacitación para productores, familias agrícolas, y para fuerzas comunitarias y de seguridad como bomberos y policías.

«Con este proyecto buscamos evitar tanto la afectación de personas y producciones rurales, como la persecución o eliminación ilegal de ejemplares protegidos. Buscamos una convivencia segura entre la fauna protegida y las actividades productivas. Y procuramos que los costos derivados de la conservación no recaigan sobre productores ni las comunidades rurales», explicó César Lezcano.

El diputado remarcó que el criterio central del proyecto es resguardar la seguridad humana, con protocolos para áreas sensibles como escuelas, viviendas y centros de salud. Además, la iniciativa contempla capacitación para fuerzas de seguridad y bomberos en el manejo y monitoreo de la fauna protegida.

El proyecto se presenta como un intento de saldar una tensión histórica entre conservación y producción, trasladando al Estado el costo de garantizar esa convivencia segura.

Sistema integral y criterios

La iniciativa del diputado César Lezcano crea un sistema provincial único, gratuito y permanente para recibir denuncias; un mecanismo de respuesta territorial e inspección técnica; un régimen de compensación administrativa; un Programa Permanente de Prevención y asistencia técnica y financiera; y una Cuenta Especial para financiar compensaciones, prevención, capacitación y monitoreo.

El Poder Ejecutivo queda además autorizado a contratar seguros colectivos. El proyecto de ley habilita, asimismo, mecanismos de información pública y rendición de cuentas ante la Legislatura.

En su formulación, el proyecto de ley alcanza al yaguareté (Panthera onca) y al puma (Puma concolor), aunque el Poder Ejecutivo podrá incorporar otras especies silvestres autóctonas protegidas mediante informe técnico y publicación en el Boletín Oficial.

Pueden acceder a las compensaciones personas humanas o jurídicas que acrediten propiedad, tenencia legítima, guarda o explotación regular de animales domésticos o de producción afectados, con mecanismos simplificados previstos para pequeños productores y agricultura familiar.

Plazos para una respuesta rápida

Uno de los ejes centrales del proyecto del diputado Lezcano es la celeridad de la respuesta estatal. El proyecto fija plazos precisos: comunicación del evento dentro de las 72 horas y formalización dentro de los 30 días; contacto inicial de la autoridad dentro de las 12 horas; inspección técnica dentro de las 48 horas; y dictamen dentro de los 5 días hábiles posteriores, con clasificación del caso en confirmado, técnicamente compatible con alta probabilidad, inconcluso o descartado.

Los casos confirmados o de alta probabilidad generan derecho a compensación, que debe efectivizarse dentro de los 30 días corridos desde el dictamen favorable.

El proyecto de ley establece, además, que la falta de disponibilidad presupuestaria no podrá utilizarse para rechazar un derecho reconocido, y la eventual insuficiencia o demora de las coberturas de seguro contratadas por la Provincia tampoco libera al Estado provincial de cumplir con la compensación.

Indemnizar, compensar y prevenir

El proyecto del diputado César Lezcano establece que la «valuación de los daños» se realizaría según el «valor de reposición» de un animal equivalente (como los casos de muerte de ganado por ataque de fauna silvestre protegida), considerando especie, raza, categoría, sexo, edad, peso y condición productiva, con tablas orientativas que deberían actualizarse trimestralmente.

En paralelo, el proyecto establece financiamiento de medidas preventivas: corrales nocturnos, cercos eléctricos, electrificación solar, iluminación, dispositivos de alerta, cámaras, manejo protegido de pariciones y capacitación.

Y prevé un protocolo específico para la presencia de grandes felinos cerca de escuelas, viviendas, centros de salud y espacios comunitarios, con coordinación entre organismos provinciales, municipios, seguridad y autoridades educativas.

Despliegue territorial y nodo operativo en Mburucuyá y Saladas

El proyecto habilita también convenios con INTA, SENASA, universidades, la Administración de Parques Nacionales y organismos municipales y nacionales, y la creación de un Consejo Asesor honorario con representación productiva, científica, municipal y de conservación.

Como primer paso de implementación, el proyecto dispone que, dentro de los 30 días de publicada la ley, el Poder Ejecutivo active un nodo operativo prioritario en los departamentos de Mburucuyá y Saladas (zonas donde se concentraron los avistamientos recientes) y en las áreas de influencia que se determinen técnicamente.

El texto obliga a publicar trimestralmente los datos de denuncias, tiempos de respuesta, clasificación de casos, compensaciones y ejecución presupuestaria, además de un informe anual ante ambas Cámaras antes del 31 de marzo de cada año.

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