Una medida pocas veces vista en la Justicia sacude por estás horas la pequeña localidad de San Isidro, en el sur del departamento Goya. Se trata de una de las causas que tiene como imputado al ex intendente del lugar, Carlos Martinez y dos de sus exfuncionarios por el presunto desvío de unos 110 millones de pesos. Tal es la gravedad de la acusación que el magistrado resolvió impedir que los tres exfuncionarios se acerquen siquiera al edificio Municipal.
La cautelar se dió hoy por la mañana durante una audiencia que contó con una importante presencia de funcionarios municipales, dirigentes y vecinos interesados en conocer el avance de una causa. La decisión radica en qué, ya en diciembre pasado, a horas de que estos dejaran sus puestos, se extravió de la comuna una caja con documentación clave en la denuncia.
Por ello, el juez de Garantías que entiende en el caso, Carlos Balestra, ordenó que el exintendente Martínez y los otros dos imputados, (el ex secretario de Gobierno, Dante Darío Morato, y el subexsecretario de Hacienda Ventura Martínez) no puedan acercarse a menos de 50 metros del edificio municipal.
Asimismo, el juez dictó la inhibición general de bienes y la obligación de comparecer periódicamente ante el Juzgado y estableció que no podrán abandonar la provincia sin autorización judicial mientras avanza la investigación.
La resolución generó un fuerte impacto político e institucional, ya que se trata de una restricción inusual para exfuncionarios que hasta hace poco tenían a su cargo la conducción de los destinos de dicha comuna.
¿DE QUÉ SE LOS ACUSA?
La investigación judicial gira en torno al posible desvío de $110.787.000 millones de pesos pertenecientes a una partida de 943 millones que había sido enviada por el Gobierno Provincial para la ejecución de la avenida de acceso al pueblito.
Mientras la Fiscalía y la querella avanzan en la producción de pruebas, el expediente continúa sumando capítulos en uno de los procesos judiciales con mayor repercusión política de los últimos tiempos en la región.
