El caso se inició el 4 de septiembre cuando inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), realizaron un procedimiento en el establecimiento “Santa Ana”, ubicado sobre la ruta provincial N°77, en campos de la localidad de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio, al norte de la provincia de Santa Fe; cerca del límite con Santiago del Estero.
Allí detectaron a 15 personas en condiciones de precariedad absoluta: campamentos improvisados con toldos de nailon, sin agua potable ni baños –solo tachos para hacer sus necesidades– y durmiendo en el suelo sobre mantas o colchones. Entre ellos se encontraban dos menores de 17 años.
Ante la gravedad de la situación, ARCA dio aviso inmediato a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, que abrió una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral.
Con ese impulso, se realizaron allanamientos en dos campos de la zona, donde se logró rescatar a un total de 31 trabajadores que cumplían jornadas de diez horas, de lunes a lunes, en condiciones de hacinamiento y sin derechos básicos.
Dos ciudadanos fueron identificados y quedaron vinculados a la causa.
