No hubo novedades respecto al incremento salarial de los trabajadores y trabajadoras judiciales en el acuerdo que realizó ayer el Superior Tribunal de Justicia. El presidente del cuerpo Guillermo Semhan y el titular del ministerio público, Cesar Sotelo; informaron de la reunión el gobernador Juan Pablo Valdés y el ministro de Hacienda, Héctor Ricardo Grachot.
Con ansiedad, los trabajadores judiciales esperaban un resultado luego de la reunión de acuerdo de los ministros del STJ. Sin embargo, esto no ocurrió. A pesar de que hubo un encuentro con el Gobernador y con el Ministro de Hacienda de la Provincia, del presidente del Superior Tribunal de Justicia y del titular del Ministerio Público, no hubo novedades en el acuerdo.
A pesar del encuentro, los Ministros del Superior Tribunal de Justicia no avanzaron en el tema, que tensiona la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial desde hace semanas, y que hace que los trabajadores y trabajadoras se manifiesten todos los martes frente a la sede del STJ.
Sin embargo, trascendió que hay diferentes posturas entre los 5 ministros del STJ. Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes, (SITRAJ), informó que el ministro Alejandro Chaín presentó una propuesta a los ministros para ser tratada en el acuerdo y la misma no fue abordada. La misma solicita que “se ordene la liquidación del 6%, tanto al SAF del Poder Judicial como a la Tesorería de la provincia y SISPER, a los efectos de que se giren las partidas correspondientes; se apliquen los créditos presupuestarios vigentes que corresponden a la justicia; se comunica a los poderes Ejecutivo y Legislativo” pero allí no queda la propuesta del Ministro del STJ, segun indica el SITRAJ, finalmente “ante la posibilidad de la Comisión de Delitos de Acción Pública, se corra vista al Fiscal General de la provincia” es decir denunciar a funcionarios del Poder Ejecutivo.
Con este estado de situación hay que ver como siguen las “conversaciones” entre el Ejecutivo y el Judicial. El aumento debe darse pues hay una acordada firmada por 4 ministros, Guillermo Semhan, Fernando Niz, Alejandro Chain, Luís Rey Vázques y el titular del ministerio público Cesar Sotelo; ir para atrás en sus decisiones seria una muestra de superioridad de un poder del Estado sobre otro.
