El Superior Tribunal de Justicia (STJ) no tiene otra opción más que intimar al Poder Ejecutivo, al cumplimiento del aumento del 6% a los trabajadores y trabajadoras de ese Poder del Estado. En caso de que el Ministerio de Hacienda de la Provincia no cumpla, la Justicia tiene el poder de incautar los fondos de la provincia, para que se aplique la segunda parte del acuerdo que dio el aumento de sueldos del 12% en dos veces.
Existen antecedentes históricos que pueden ser aplicados para la resolución de este tipo. En el año 1990, un conflicto semejante al actual derivo en una resolución del STJ que ordenó al Banco de Corrientes la incautación directa de fondos coparticipables y provinciales, para que sean depositados en una cuenta administrada por el Poder Judicial.
Quien presidía el Superior Tribunal era Cesar Guillermo Cáseres Dansey; pero el verdadero ideólogo y redactor de esa resolución fue el ministro Víctor Hugo Maidana. Los fondos llegaron y los aumentos se aplicaron, pero este conflicto entre poderes fue tan significativo que el Poder Legislativo, redacto y aprobó la Ley de Autarquía Financiera del Poder Judicial.
El en año 2004, un conflicto semejante ocurrió cuando Ricardo Colombi no quiso abonar una deuda a los jueces genera durante la intervención federal. Una lluvia de acciones judiciales y la posibilidad de que el STJ ordene al Banco de Corrientes que incaute los fondos para pagar, hicieron que se llegara a un acuerdo entre ambos poderes.
El pasado 5 de marzo los ministros Guillermo Semhan, Luís Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Chain, Fernando Niz, y el fiscal general, cabeza del Ministerio Publico Cesar Sotelo, a través de un acuerdo resolvieron “actualizar las remuneraciones” en un 6%, a partir del 1º de marzo de 2026, y en un 6%, a partir del 1° de abril de 2026. Desde ese momento comenzó una sórdida lucha con el poder ejecutivo que solo aplico el primer aumento y que luego negó el segundo incremento que no fue liquidado en los recibos de sueldos de abril.
El gobernador Juan Pablo Valdés, declaro en referencia al tema “no tenemos una fábrica de dinero” y justifico la negativa indicando que provocaría un desbalance financiero de 48 mil millones de pesos.
Por su parte el ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, a través de un documento indicó que hay “limitaciones presupuestarias” para liquidar el 6% de aumentos salariales a los empleados y funcionarios judiciales de Corrientes. Sin dar mas detalles técnicos que son necesarios que se conozcan sobre las limitaciones financieras que tiene la provincia.
Con este panorama la pelota quedo en la cancha del STJ, que en la reunión de acuerdo de ayer 28 de abril, no abordó el tema, pero se espera que el próximo 5 de mayo sea un tema central de la agenda de la reunión de Ministros.
