Este miércoles será clave para la militancia y el peronismo reunificado en contra de la proscripción de Cristina Kirchner. Ese día la compañía que la expresidenta tiene frente a su departamento del barrio de Constitución desde que la Corte Suprema falló en su contra el martes pasado se multiplicará por miles. «Argentina con Cristina» es la consigna de la convocatoria para acompañarla a las 10 de la mañana desde San José y San Juan hasta los Tribunales de Comodoro Py, a la espera de que el juez Jorge Gorini confirme la prisión domiciliaria, y volver en procesión al edificio sobre el que la política argentina gira hace una semana.
La movilización de respaldo a la expresidenta se viene construyendo hace días con el objetivo de generar la presión necesaria para que el Poder Judicial no rechace la domiciliaria u ordene llevar a carcel común a Cristina hasta definir dónde pasará los seis años de condena que ratificó la Corte Suprema por la Causa Vialidad.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los operadores judiciales del macrismo y los medios antikirchneristas presionan para que la expresidenta quede detenida en cárcel común. También comenzaron a circular las versiones que indican que la Casa Rosada busca desactivar la movilización, que se espera sea multitudinaria, y que los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) otorguen la domiciliaria el martes.
Por lo pronto, el TOF 2 no se mostró permeable a las presiones: rechazaron el pedido de encarcelamiento inmediato solicitado por los fiscales y Gorini postergó un pedido de licencia para ser él quien decida la situación de Cristina.
En la sede nacional del Partido Justicialista, sobre la calle Matheu, las reuniones entre todas las líneas del peronismo desde intendentes hasta representantes de los distintos sectores del movimiento no cesaron desde que Cristina dio su discurso en la puerta tras la decisión de los tres jueces del máximo tribunal. «La única herramienta que nos queda es la calle», es la consigna.
El miércoles se cumplen los 5 días hábiles de plazo que el juez Gorini, titular del TOF 2 que condenó a Cristina en primera instancia, dio para que la ex presidenta y los otros ocho condenados se presente en los tribunales para comenzar a cumplir la sentencia. Desde entonces, el magistrado recibió informes sobre los posibles lugares de detención para alojar a la máxima referente del peronismo.
