El complejo turístico de 75 hectáreas en la costa enfrenta un inminente vaciamiento tras la decisión del gobierno de Javier Milei, que despidió a todos los trabajadores de la unidad turística y los pasó a disponibilidad. Esta medida, tomada durante el último mes, dejará a la comunidad en una situación de vulnerabilidad ante riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad. Organizaciones vecinales, barriales y políticas están en plena movilización para defender el patrimonio histórico y el turismo social en la región.
La gestión actual ha suscitado críticas por su falta de planificación y por el impacto que tendrá en la comunidad local. Con la reducción del personal, los servicios básicos y la atención al turista podrían verse seriamente afectados, generando un deterioro en la calidad de vida de los residentes. La preocupación de los ciudadanos se centra no solo en el cierre del complejo, sino también en lo que significa para la identidad cultural y económica de la zona.
Las organizaciones civiles han convocado encuentros y protestas para visibilizar la situación y exigir una respuesta del gobierno. La defensa del turismo social, que ha sido un pilar para muchas familias, se ha convertido en un tema central en las discusiones políticas locales. A medida que se intensifican las acciones, la comunidad espera que su voz sea escuchada y que se detenga este proceso que consideran destructivo.
