Organizaciones de derechos humanos, encabezadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la nueva ley penal juvenil. Estas agrupaciones argumentan que la legislación vulnera principios fundamentales de derechos humanos y podría aumentar el punitivismo en el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley. La denuncia fue presentada ante las autoridades competentes el 8 de julio de 2026 en Argentina.
La CPM expresó su preocupación por el riesgo que representa el enfocar la respuesta a la juventud desde un marco punitivo, en lugar de una perspectiva que priorice la rehabilitación y reintegración social. Además, advirtieron sobre las condiciones precarias del sistema de encierro juvenil, que se vería aún más colapsado si se implementan estas medidas.
Las organizaciones que respaldan esta iniciativa destacan que la ley no solo ignora los estándares internacionales sobre derechos de la infancia, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y exclusión en la juventud. Con esta acción buscan fomentar un debate necesario y urgente sobre la administración de justicia juvenil en el país.
