El Gobierno anunció la publicación de un decreto que modifica el proceso de selección de jueces para la Corte Suprema. Esta normativa, que tiene efectos inmediatos, elimina los mecanismos de transparencia y participación ciudadana para elegir a los futuros magistrados. Además, la reciente disposición no toma en cuenta la diversidad de género, la especialización y la procedencia regional de los candidatos.
La decisión ha generado reacciones en diversos sectores, incluyendo organizaciones de derechos humanos y abogados expertos en derecho constitucional. Estos grupos advierten que el cambio puede afectar la independencia judicial y la confianza pública en el sistema de justicia. Las críticas se centran en la falta de criterios claros y representativos para los postulantes a la Corte.
La medida se produce en un contexto político tenso, donde la independencia del poder judicial ha sido objeto de debate en los últimos años. La modificación al proceso de selección sugiere un cambio en la forma en que se estructuran las instituciones del país. Observadores locales temen que esta situación sirva para concentrar el poder y debilitar la división de poderes.
