Más de 200 mil solicitudes de personas con discapacidad para acceder a una pensión permanecen sin respuesta del Gobierno argentino, según un informe reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde la declaración de la pandemia, muchos expedientes han quedado en un limbo administrativo que afecta a una población vulnerable. En el contexto actual, el gobierno de Javier Milei ha concedido poco más de 8 mil pensiones, mientras que ha recortado más de 110 mil beneficios.
El informe del CELS destaca la preocupación por el gran número de personas que dependen de estos recursos económicos para su sustento. La falta de atención a estas solicitudes genera incertidumbre y un pronóstico negativo para el bienestar de quienes se encuentran en esta situación. Las políticas del gobierno actual han intensificado el problema, dejando a muchos sin apoyo en un momento crítico.
Este escenario plantea interrogantes sobre el compromiso del Ejecutivo con los derechos de las personas con discapacidad. En un país donde la inclusión y los derechos humanos son pilares fundamentales, la inacción frente a estas solicitudes puede tener consecuencias graves. La falta de respuestas adecuadas podría agravar aún más la situación de quienes ya enfrentan desafíos significativos en sus vidas diarias.
