En un contexto económico marcado por una inflación mensual en torno al 3%, el Gobierno argentino ha aprobado un aumento del 1,5% para las empleadas del hogar. Esta decisión fue tomada el 15 de diciembre de 2025 y afecta a un sector que ha sido históricamente vulnerable en el mercado laboral. Además, se incluye un bono no remunerativo de hasta 20 mil pesos, lo que expresa la creciente preocupación por la situación financiera de estos trabajadores. Sin embargo, la medida ha generado críticas y preocupaciones en cuanto a la estabilidad y el poder adquisitivo real de estos salarios.
El reciente aumento y el bono adicional llegan en un momento en que muchos hogares argentinos luchan con las consecuencias de una inflación galopante y una economía inestable. Esto no solo afecta a las empleadas domésticas, sino que también tiene un impacto a nivel familiar, ya que muchas de ellas son el principal sostén de sus hogares. A pesar del aumento, el ajuste salarial se ve como insuficiente frente al constante deterioro de los salarios en términos reales, que han perdido gran parte de su valor adquisitivo en los últimos años.
La situación se torna aún más alarmante cuando se consideran los antecedentes históricos. En 2022 y 2023, las tasas de inflación ya habían generado un efecto erosivo sobre los ingresos de la población, pero la tendencia ha continuado hasta el 2025. Con el ascenso de figuras políticas como Javier Milei y Luis Caputo, se refuerza la narrativa de la licuación de salarios como parte de las políticas económicas a seguir. El aumento del 1,5%, comparado con la inflación que ronda el 3%, se traduce en una pérdida efectiva del poder de compra para las trabajadoras domésticas.
El bono no remunerativo puede parecer un alivio temporal, pero es fundamental destacar que no forma parte del salario fijo y, por lo tanto, no se considera para liquidaciones futuras o jubilaciones. Esto genera un efecto de temporalidad que compromete la estabilidad financiera de las trabajadoras a largo plazo. Las empleadas domésticas, muchas de las cuales carecen de un contrato formal, se encuentran en una situación de precariedad laboral que no se ve mitigada por medidas aisladas.
Además, la segmentación de la clase trabajadora se vuelve más evidente en un país donde aproximadamente el 80% de los hogares cuentan con al menos una trabajadora doméstica. Esta clase de trabajadores ha sido históricamente relegada y, a menudo, se les niega el acceso a derechos laborales dignos. La aprobación de este aumento representa una oportunidad perdida para implementar cambios estructurales en un sector que demanda atención y protección.
Esta situación resalta la urgente necesidad de debatir y establecer políticas laborales que protejan a los trabajadores domésticos de los embates de la economía. Las reformas deberían abordar no solo los aumentos salariales, sino también garantizar derechos laborales, acceso a la seguridad social, y la formalización de contratos. Sin ello, las trabajadoras continuarán enfrentando un futuro incierto, donde sus derechos y su bienestar se ven comprometidos por decisiones políticas de poco alcance y soluciones temporales.
