El Gobierno nacional buscará modificar la ley de movilidad jubilatoria, que actualmente ajusta los haberes de forma trimestral, y mientras tanto definirá aumentos por decreto. Este viejo sueño de los sectores conservadores de la argentina, de quitar derechos, se trató de materializar durante la administración de Juntos por el Cambio (PRO-UCR-ARI).
En el marco del plan de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno buscará modificar la ley de movilidad jubilatoria, que actualmente ajusta los haberes de forma trimestral, y mientras tanto definirá aumentos por decreto.
La propuestas del ministerio de Economía deberá ser enviada al Congreso, ya que la fórmula de movilidad se rige por ley. Se trata de un mecanismo por el cual los haberes se determinan por un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.
El Gobierno de Javier Milei considera que esta fórmula no es acorde para alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal, por lo que buscará cambiar esa ecuación con una nueva forma de calcular los ajustes. Mientras tanto, los aumentos a los jubilados serán por decreto.
Las jubilaciones no serán las únicas que tengan cambios, ya que hay prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH)- que hoy se informó que subirán 50%- que se ajustan por la misma fórmula.
El paquete de medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo en su mayoría no necesitan aprobación parlamentaria, lo cual permite su rápida ejecución.
Pero, uno de los ejes fundamentales para atacar la inflación es desindexar a la economía. En este sentido, el gobierno decide enviar un proyecto de ley al Congreso con dos propósitos: el primero evitar que las jubilaciones continúen perdiendo contra la inflación y por este motivo, los aumentos serán dictados por el Ejecutivo. Cabe recordar que los jubilados que no recibieron bonos, la caída de los ingresos reales fue de 20% en el año.
Seguramente los salarios de los empleados públicos no estará fuera del ajuste que se aplicara, aunque no se dieron detalles en este sentido.
Este será seguramente uno de los argumentos por el cual esperaran lograr la aprobación parlamentaria, que el mecanismo de actualización vigente implica un atraso importante.
Blanqueo y moratoria
Otro de los temas que serán remitidos al Parlamente es un blanqueo y una moratoria impositiva (pero aún no se conocen detalles de estas propuestas.
Con el propósito de obtener dólares se invitará a los contribuyentes a adelantar el pago de Impuesto de Bienes Personales que vence el 2027 con el pago de alícuota año a año.
En Economía no niegan que las medidas anunciadas tendrán un impacto en la suba de precios, que ya se observa “a un ritmo 7% semanal” en diciembre y estiman que enero también será un mes de altos índices. En este sentido, se decidió duplicar el monto de la AUH y elevar un 50% la tarjeta Alimentar.
El gobierno es consiente que estas medidas tendrán un impacto recesivo pero explican “no hay alternativa”. La intención en exagerar el ajuste es para contar con los fondos necesarios para fortalecer las partidas de los que menos tienen. La esperanza es que después del impacto inflacionario pueda ir bajando la inflación.
Respecto a las tarifas públicas se eliminarán los subsidios y se tenderá a “subsidiar la demanda”. Se incentivará el ahorro energético con el beneficio de pagar menos. La aspiración oficial es poder implementar este sistema a partir de febrero o a más tardar abril. Cabe recordar que se deben llevar a cabo las audiencias públicas.
