La Corte Suprema ordenó al Gobierno argentino aplicar la ley de financiamiento universitario, luego de que se constatara un incumplimiento que se extendió por meses. Los jueces emitieron el fallo a favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había solicitado la actualización de las partidas presupuestarias asignadas a las universidades. Esta decisión se formalizó el 27 de junio de 2026.
El magistrado a cargo del caso reafirmó la necesidad de que el Poder Ejecutivo cumpla con las normativas vigentes en materia de financiamiento educativo. De este modo, la Corte dejó firme la cautelar que exige la asignación correcta de los recursos destinados a la educación superior. El fallo representa una victoria significativa para las instituciones académicas, que habían manifestado sus reclamos ante la falta de respuestas del Gobierno.
Con esta resolución, se espera que el Ejecutivo comience a realizar las adecuaciones necesarias en el presupuesto universitario. La medida no solo apunta a garantizar los derechos de las instituciones, sino también a asegurar la calidad educativa en un contexto que ha sido marcado por tensiones en el sector. Este fallo podría tener implicaciones importantes para el futuro del financiamiento y la gestión de las universidades en Argentina.
