El gobierno de Bolivia deportó a varios diputados argentinos que se encontraban en el país con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos bajo la administración de Rodrigo Paz. La intervención de las autoridades bolivianas se produjo durante una visita a La Paz, en medio de protestas que han sido reprimidas de manera violenta por las fuerzas locales. La Cancillería boliviana respaldó esta acción, planteando que la presencia de los legisladores argentinos no era bienvenida.
La deportación se llevó a cabo de manera abrupta, sin brindar a los legisladores la oportunidad de realizar su informe sobre la situación en el país. Los diputados habían llegado a Bolivia para observar y reportar las condiciones de los derechos humanos en el contexto de las recientes manifestaciones populares. Su misión se centra en poner en tela de juicio las prácticas del gobierno y buscar apoyo internacional para los afectados.
Javier Milei, líder político argentino, expresó su aprobación a la decisión del gobierno boliviano, lo que ha generado reacciones encontradas tanto en Argentina como en Bolivia. La posición de Milei se alinea con su postura sobre la política exterior, donde prioriza la soberanía de los Estados. Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro de la relación entre Argentina y Bolivia, especialmente en temas de derechos humanos y cooperación intergubernamental.
