Desde el miércoles 28 de diciembre de 2025, el costo del boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirá un incremento significativo. La Secretaría de Transporte ha autorizado un aumento del 31,35% en esta primera etapa, llevando el precio actual a un nuevo umbral que repercutirá en el bolsillo de los usuarios. Este ajuste se suma a un incremento acumulado del 41,46% que se registrará desde marzo de 2025, transformando el transporte público en un recurso cada vez más oneroso para los ciudadanos. En una economía marcada por la inflación y la crisis, este ajuste es una nueva carga para quienes dependen del colectivo para sus desplazamientos diarios.
El impacto de este aumento en los costos del transporte es innegable, especialmente en un contexto económico donde el poder adquisitivo de los argentinos se ha visto erosionado. A lo largo de los últimos años, los aumentos en el precio del transporte público han sido constantes y, a menudo, sorprendentes. Según datos del Gobierno, el precio del boleto ya había experimentado varios ajustes en los últimos cinco años, lo que ha generado descontento entre los usuarios, quienes ven cómo sus ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas.
Un aumento que afecta a millones
El incremento del boleto de colectivo afectará a millones de usuarios en el AMBA, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Este servicio es fundamental para la movilidad de la población, que depende del transporte público para ir a trabajar, estudiar o realizar diligencias. Con el nuevo precio, muchas personas se verán obligadas a analizar sus presupuestos familiares y buscar alternativas de transporte, como compartir vehículos, utilizar bicicletas o, si es posible, buscar opciones laborales más cercanas.
Este tipo de aumentos no es nuevo para los porteños y los habitantes del conurbano bonaerense. Históricamente, los ajustes en el precio del transporte han sido una respuesta a los incrementos en los costos operativos, que incluyen el combustible, mantenimiento de vehículos y salarios de los trabajadores. Sin embargo, el efecto acumulativo de estos aumentos a lo largo del tiempo puede llevar a un círculo vicioso donde el costo del transporte desincentiva el uso de estos servicios, empujando a los ciudadanos hacia la informalidad o el uso de medios alternativos no regulados, que pueden ser menos seguros.
Reacciones e impacto social
Las reacciones ante este anuncio no tardaron en llegar. Organizaciones de usuarios y partidos políticos han expresado su preocupación por el efecto que tendrá este ajuste en las familias más vulnerables. En un contexto donde la demanda de mayores soluciones de transporte público y accesibilidad es cada vez más urgente, este aumento podría ser visto como un retroceso en materia de políticas inclusivas. En definitiva, mientras el Gobierno justifica estos aumentos como necesarios para mantener el sistema en funcionamiento, la sociedad se pregunta si esta es realmente la única alternativa viable o si existen otras formas de equilibrio que no repercutan tan duramente en la población.
