El Gobierno argentino ha aprobado un incremento en las tarifas de luz de hasta un 3,6% a partir del 1° de noviembre de 2025. Esta decisión, que afecta directamente a los hogares y comercios del país, fue anunciada por la Secretaría de Energía. Junto a este aumento, se ha facultado a las empresas prestadoras del servicio a modificar la manera en que se mide el consumo eléctrico. Este cambio puede generar un impacto notable en la facturación de los usuarios.
Este ajuste tarifario se produce en un contexto económico complicado, donde la inflación ha tenido un efecto significativo en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Las estimaciones oficiales indican que la inflación anual se encuentra por debajo del 45%, lo que plantea un interrogante sobre la indexación de tarifas. A medida que los costos de energía siguen escalando, la medida del Gobierno responde a presiones tanto del segmento empresarial como de las demandas de sostenibilidad del sistema eléctrico.
Impacto y Reacciones
Las reacciones a este anuncio no se hicieron esperar. Desde organizaciones de defensa del consumidor se han expresado preocupaciones sobre el efecto que estas subas tendrán en los hogares de bajos ingresos. La posibilidad de que las modificaciones en la medición del consumo generen una facturación más elevada es un tema de debate, especialmente en un momento donde el costo de vida ya es una preocupación constante.
Históricamente, los incrementos en las tarifas de servicios públicos en Argentina suelen ser motivo de controversia. La última gran ola de aumentos se produjo en 2019, cuando las tarifas de luz y gas se incrementaron drásticamente. En aquel momento, numerosas protestas estallaron en diversas ciudades del país, y el año 2025 puede que no sea la excepción si los ciudadanos sienten que estos aumentos afectan de manera desproporcionada su economía familiar.
Un Cambio Necesario o Preocupante
Aunque el Gobierno justifica estas medidas como necesarias para mantener en funcionamiento el sistema eléctrico y garantizar la inversión en infraestructura, el dilema radica en encontrar un equilibrio adecuado. La necesidad de financiamiento para el sector energético es innegable, pero el costo de la vida y la capacidad de pago de la población no pueden ser ignorados. Estos cambios en las tarifas y en la medición del consumo podrían acentuar la brecha entre distintos estratos socioeconómicos, creando tensiones adicionales en un contexto ya de por sí inflamable.
Por otro lado, este aumento también plantea preguntas sobre las políticas de subsidios y su sostenibilidad en el tiempo. En un país donde las tarifas eléctricas han estado históricamente congeladas o subsidiadas, su ajuste puede reflejar un cambio de paradigmas en la política energética. La cuestión se centra en cómo equilibrar las necesidades de rentabilidad de las empresas con la protección del consumidor, tomando en cuenta un futuro de demandas crecientes en el sector energético.
