El bloque Unión por la Patria requirió que el intendente asista al recinto para explicar si existe un proyecto para regular y ordenar las inversiones privadas sobre el paseo costero y en qué se fundan los permisos otorgados a los paradores existentes.
La concejal Magda Duartes remarcó hoy, durante la sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes, que es necesario planificar los desarrollos privados que vayan a asentarse en la zona de la playa Arazaty. Recordó que existe un fallo de la justicia que declaró inconstitucional la reforma de la ordenanza N° 6832/19, que ECO+Vamos Corrientes votó en el 2019 para permitir la construcción de un shopping en esa zona costera, y que en el documento insta a diseñar un Plan Maestro Integral de la Playa Arazaty.
En la vigésimo sexta sesión del Concejo Deliberante la edil del bloque Unión por la Patria (UP) puso en valor que “las playas son uno de los patrimonios más importantes que tenemos los correntinos” y que la definición de la justicia respalda lo planteado hace cuatro años, entre otros, por los entonces concejales Fabián Ríos y José Salinas.
“Hubo mucha inversión del estado para que hoy disfrutemos de las playas más grandes del nordeste y para que hoy la actual gestión se jacte de ofrecer -con todo derecho- una de las temporadas estivales más grandes del país”, dijo al tiempo que agregó que “nuestra postura es proteger ese patrimonio de negociados que no respetan las normas y los consensos sobre el medio ambiente”.
Recordó que por el 2019 distintos grupos de vecinos “preocupados por el patrimonio natural de la ciudad se movilizó contra la modificación de la ordenanza”. Ante ello “la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala N°1 emitió un fallo -que fue apelado por el Municipio- que ordenó que se revea la reforma de la ordenanza porque la consideró inconstitucional y propuso que se diseñe un Plan Maestro Integral en el diseño de la ciudad con las distintas visiones, pero sobre todo con una visión de cuidado del medio ambiente sin pensar que eso atenta contra el desarrollo económico de la ciudad”.
Fue tajante al asegurar que “los concejales del peronismo no estamos en contra del desarrollo económico, del crecimiento y de la generación de empleo. Aclaro, porque cuando planteamos esto hace unos años se nos acusó de impedir las inversiones privadas”.
“Queremos que se cuide el patrimonio de la ciudad, queremos que se cuide lo más preciado que tienen nuestras vecinas y vecinos, y que el desarrollo y el crecimiento se hagan con una verdadera conciencia ambiental”, remarcó la concejal Duartes.
Reconoció que “es una oportunidad para lograr un consenso y trabajar en lo que propone la justicia, que es un Plan Maestro Integral” y afirmó que “nosotros como bloque opositor estamos de acuerdo en colaborar, en sumar visiones y ver cómo podemos desarrollar la ciudad en conjunto porque a todos nos interesa que hay más trabajo pero que no se haga avanzando sobre las leyes y el despejo del medioambiente”.
La concejal analizó que “hoy la naturaleza nos demuestra lo que pasa cuando no se planifica a largo plazo, porque este proyecto es del 2019 cuando estábamos en épocas de sequía y había grandes extensiones de playa. Hoy estamos con inundaciones, por eso es necesario proyectar el desarrollo”.
Por otro lado, Duartes se refirió a los paradores que “de manera ilegal” están emplazados en las playas y señaló que el fallo de la justicia también insta al municipio a ejercer su rol de policía y “que vaya a poner límites a la extensión de los bares que de manera irregular avanzan sobre el espacio público sin que nadie haga nada”.
Indicó que en su fallo “la Cámara dice que no está mal que existan los paradores pero deben estar dentro del límite racional y tiene que respetar las regulaciones dispuestas por la Municipalidad”. En ese sentido cuestionó que “el problema es que la Municipalidad no regula nada” y por eso apuntó que los propietarios de esos emprendimientos “hacen lo que quieren, generan basura, utilizan los baños públicos, se cuelgan de la luz para seguir lucrando con lo público”.
Ante esto pidió que el intendente Eduardo Tassano explique el proceder de la Municipalidad en el caso de los paradores y “cuál es el objeto de apelar el fallo que emitió la justicia porque hasta el momento no se conoce un proyecto para la zona de playas”.
“Queremos darle valor agregado a las playas y que sea un punto turístico con buena infraestructura, pero hagámoslo bien, en el marco de la ley y del respeto al medio ambiente”, expresó la concejal de UP.
Por su parte, Lorena Acevedo Caffa, también de UP, se refirió al tema y dijo: “Pretendemos que el Estado, así como concede y da beneficios a unos pocos, aplique su poder de policía. Así como lo hace contra cualquier vecino, lo haga contra los empresarios privados que se cuelgan de la luz y del agua. No es una cuestión del privado contra el público, simplemente pedimos que la Municipalidad cumpla su rol”.
“Las normas se deben aplicar de la misma manera para todos, vecinos y empresarios. Que cada acción fuera de lugar, no importa su clase social o nivel de ingresos, el Estado aplique la sanción correspondiente de igual manera”, sostuvo.
