La Federación Argentina de Cámaras De Farmacias (FACAF), que nuclea a más de 5.000 entidades en todo el país y está presidida por el correntino Miguel Ángel Lombardo; emitió un duro documento en el que advierte que el DNU 70/23 “deja abierta la comercialización de medicamento, como si fuesen mercancía común”, que “abre el camino a las más penosas adicciones”, ponen “en riesgo la salud de las personas” y el “modelo de farmacia profesional”.
“El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (DNU) rubricado y Publicado legalmente por el Poder Ejecutivo ha generado una profunda inquietud en el seno de la Farmacia Argentina, ya que sus postulados ponen en riesgo la salud, el modelo de farmacia profesional vigente, la integridad de la profesión farmacéutica, los principios constitucionales de la división de poderes y el federalismo”, indica el documento de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias.
Señala que el DNU del presidente Milei amenaza “la esencia de la farmacia como un centro de salud con dispersión territorial y dispensa profesional de medicamentos”. Califican de “probadamente desacertado promover un modelo desregulado y desprofesionalizante” del mercado de los medicamentos.
“Esta pretendida acción deja abierta la comercialización, como si el medicamento fuese una mercancía común y entonces, se asemeja más a un plan de negocios que al uso racional de una herramienta esencial para la salud de los argentinos. Es bien sabido que la implementación de estas mal llamadas desregulaciones, abren el camino a las más penosas adicciones”.
La FACAF recuerda que la actividad farmacéutica “está regida por una ley y sus modificaciones que pone a resguardo la compra, tenencia y dispensación de un elemento fundamental para el tratamiento médico de las enfermedades”. Y que “el Código Penal nacional tipifica toda acción fuera de la farmacia, como ejercicio ilegal de a farmacia”.
La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias también destaca a “la Salud como un derecho de cada provincia no delegado en el gobierno nacional con lo cual creemos necesario gestionar con las autoridades de cada uno de nuestras provincias, explicando los riesgos sanitarios que conllevan estas medidas comprometiendo el acceso equitativo a medicamentos de calidad”.
Y adelanta que llevarán adelante acciones gremiales y judiciales para “defender la Farmacia Argentina y la accesibilidad de la población al medicamento”.
