La iniciativa, votada por amplia mayoría, establece una recuperación inicial de las jubilaciones del 8 por ciento. Además, sostiene que a futuro la actualización no quede atada solo a la inflación, sino que también contemple los salarios, lo que permitiría su recuperación.
La negociación no fue fácil, pero primó entre los diputados de diferentes bloques opositores la posibilidad de llegar a un acuerdo para finalmente darle media sanción a una fórmula de movilidad jubilatoria que repare parcialmente el feroz ajuste que impuso el gobierno del ultraderecha de Javier Milei a jubilados y pensionados y que permitiría en el futuro ir recuperando poder adquisitivo, algo descartado en la fórmula que fijó el Gobierno por decreto.
La media sanción establece que en la recuperación inicial de las jubilaciones se pague el 8 por ciento, la diferencia entre el 20,6 de la inflación de enero y que el gobierno solo aplicó a la movilidad jubilatoria un 12,5. Así como que el haber mínimo no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor (actualmente de 250.286 pesos mensuales), más 1.09 (un 9 por ciento). Además sostiene que la fórmula de movilidad no quede atada solo a la inflación, sino que también contemple los salarios; es decir que en el caso hipotético de que la inflación bajara y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) superara a la misma, las jubilaciones también percibirían el 50 por ciento de esa diferencia a través de un ajuste semestral. Y que en el caso de las deudas con las Cajas Provinciales no transferidas al Estado Nacional y los juicios con sentencia firme sean solventadas con la asignación específica que destinan a la ANSES algunos impuestos nacionales, como el del cheque, PAÍS e IVA.
En medio de un panorama incierto que en principio parecía sin salida, se alcanzó el consenso. La fórmula del acuerdo requería de varios pasos en medio de negociaciones sigilosas para que no trasciendan y enciendan las alarmas en el oficialismo y sus aliados para bloquearlo. Una muestra fue la decisión del presidente de la Cámara baja, el riojano libertario Martín Menem, que no convocó (como lo obliga el reglamento) a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión. Algo que los presidentes de los bloques políticos realizaron de manera informal antes de bajar al recinto.
El primero, que UP retiraría su propio dictamen de mayoría para pasar a tratar el de la oposición dialoguista, que encabeza la UCR y el respaldo de HCF, CC y partidos provinciales. La condición que puso UP fue que no se tocara –como proponía el proyecto de los dialoguistas— el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para pagar las deudas a las Cajas Provinciales y los juicios a los jubilados que tengan sentencias firmes. Con lo que el dictamen acordado que se votara alcance un costo fiscal de apenas 0,43 por ciento del PBI, para quietarle argumentos al Gobierno libertario sobre el alcance de la medida frente a la amenaza de MIlei de votarla si entorpecía su política de ajuste sobre el déficit fiscal.
El quórum (129 diputados) se alcanzó rápidamente. Unos 140 legisladores estaban sentados en sus bancas apenas unos 25 minutos después de la hora de la convocatoria fijada a las 11 de la mañana. Contribuyeron para abrir la sesión los bloques de UP, la UCR, HCF, el FIT, los provinciales de Innovación Federal (IF), y al que también se sumó el santacruceño José Luis Garrido.
Fuera del hemiciclo del recinto, los diputados de La Libertad Avanza, sus aliados del PRO, MID, los tucumanos de Independencia y otros monobloques afines, esperaban que el arco opositor no consiguiera abrir la sesión, aunque con escaso entusiasmo que se cumpla su deseo. Para el oficialismo estaba claro, que una vez conseguido el quórum y si avanzaban los acuerdos entre los bloques, la aprobación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria significaría una fuerte derrota para el Gobierno, que ancló su proclama contra el déficit fiscal donde el mayor peso del ajuste recayó sobre los haberes de jubilados y pensionados.
