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Notoriamente se incrementaron los casos de justicia por mano propia en los diferentes barrios. Subyace un largo reclamo de seguridad direccionado principalmente al Gobierno Provincial y al Poder Judicial. Los reclamos se hicieron visibles en las manifestaciones por el Caso Loan. El Poder Ejecutivo lo mensuro y trata de tomar acciones al respecto. El Caso Loan despertó varios problemas relacionados con la seguridad que esta atravesando la sociedad correntina desde hace tiempo: la trata de personas (especialmente niños); la falta de capacitación de la Policía para investigar estos casos; la inoperancia judicial para llevar adelante este tipo de investigaciones; las sospechas de complicidad de integrantes de los poderes del Estado o cercanos a ellos en la participación de esta redes y los intentos de tratar de desviar la investigación. Como efecto secundario esto crea una situación de desconfianza social en las instituciones relacionadas con la seguridad (Gobierno, Policía y Justicia). El Gobierno Provincial evidentemente mensuró este reclamo de la ciudadanía a través de sus estudios de opinión pública y fue tema central de la reunión de gabinete de ayer. Hay que ver si el gobernador Gustavo Valdés y sus ministros están dispuesto a hacer los cambios profundos que se reclaman y que evidentemente son necesarios.  La inseguridad es un problema que la sociedad correntina atraviesa desde hace tiempo y, que se incrementa con crisis económica que golpea fuerte a raíz de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional. Cualquier vecino de la ciudad de Corrientes sabe que desde principio de año la situación de la seguridad se complicó notablemente, así como ve que cada vez más personas revisan la basura. Estos son dos síntomas poco científicos pero muy cotidianos de que la situación económico-social se complicó. Todos lo vemos menos el Gobierno de Corrientes que parece vivir una realidad paralela creada por las redes sociales y la prensa pautada. En las últimas semanas un indicio de que la sociedad está cansada son el incremento de casos de justicia por mano propia de vecinos de diferentes barrios de la ciudad de Corrientes. Atrapan a delincuentes que son “ajusticiados” por varias personas que los golpean y luego los entregan a la policía.  Este peligroso accionar social muestra el hastío ciudadano y la falta de credibilidad en las instituciones, especialmente el Ministerio Publico Fiscal. ¿Porque?  Los vecinos y vecinas ya tuvieron varias experiencias de que ir a denunciar y ver que no ocurre nada o que el delincuente está en la calle a las pocas horas. En algún momento podría ocurrir una fatalidad con un vecino que de un golpe de más y podría terminar encarcelado; además los supuestos delincuentes (son inocentes hasta que se pruebe lo contrario) podrían denunciar a sus golpeadores, creando una complicada situación. Esto ocurre por la inacción de las instituciones (Poder Judicial y Ejecutivo) que la sociedad intuyó y percibió claramente en el Caso Loan  Con el nuevo Código Procesal Penal la investigación pasa por el fiscal y, evidentemente no hay suficientes fiscales. Además sería interesante que las fiscalías estén junto a las comisarías para que los funcionarios judiciales perciban de cerca lo que pasa en los barrios y no encerrados en una oficina en el centro de la ciudad llevando adelante la investigación por teléfono.  Con este estado de situación las “buenas noticias” por las redes sociales, los anuncios salariales, y la realidad paralela creada a través de los medios de comunicación amigos ya no alcanzan. La desaparición del niño despertó en la sociedad correntina temores y realidades que parecían dormidos; hay que observar hasta dónde llegará el reclamo de cambio en una sociedad mansa como la correntina.