Corrientes: miles de personas se suman a la campaña “Un millón de firmas contra el veto y a favor de Jubilados”

Centrales gremiales, estudiantes y docentes universitarios; organizaciones sociales, comunitarias y religiosas; clubes deportivos; sindicatos, clubes de Adultos Mayores; centros de jubilados y pensionados de toda la Provincia están recolectando firmas en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que fue aprobada por dos tercios del Congreso de la Nación.

Las decenas de miles de firmas que están siendo recolectada, de manera física y digital, con gran acompañamiento de la ciudadana y en las próximas semanas será enviadas al Congreso de la Nación para que Diputados y Senadores, con el 2/3 de los votos, vuelvan a ratificar la Ley de Movilidad Jubilatoria que garantiza actualización de haberes por índice de inflación, pago de juicios por reajuste de haberes, pago de deudas a cajas previsionales provinciales como el IPS de Corrientes; entre otros beneficios.

La campaña “Un millón de firmas contra el veto de Milei y a favor de los Jubilados” se está realizando en todas las provincias del país. Y en las distintas ciudades de Corrientes se están recolectando firmas a través de mesas y cartelería colocadas en parques, plazas, peatonales; frente a sedes bancarias y escuelas, frente a organismos como ANSES y PAMI; en canchas y eventos de concurrencia masiva; entre otros puntos.

Este miércoles 4 de septiembre más de 60 sindicatos que integran la CTA-T de Corrientes y la CGT Regional Corrientes se sumaron a la campaña de recolección de firmas y acordaron un plan de acción en defensa de los jubilados, lo que incluye plenarios y marchas.

En un documento unificado, la CTA y la CGT de Corrientes advirtieron que el veto del Presidente Milei “pone en riesgo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, comprometiendo a los futuros pasivos. Aplastará con toda crueldad los ingresos de las jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que ya vienen padeciendo el 27% del ajuste en sólo 8 meses de gobierno; complementado con el plan criminal de achicar el vademécum y eliminar gradualmente la gratuidad de medicamentos para afiliados y afiliadas al PAMI”.

Exigieron que, en cambio, “se restituyan piso y alícuotas originales del Impuesto a los Bienes Personales para que los que más tienen hagan su aporte solidario para sostener la sustentabilidad de las Cajas Previsionales”.

Denunciaron como injusto, inhumano y criminal el “ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables que, además, no pueden defenderse” y ratificaron su “unidad en la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, las trabajadoras; de los jubilados, las jubiladas y de los sectores sociales más vulnerables”.

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